17/10/2020 Diario médico El mismo día que la profesión médica rinde homenaje a los 80 facultativos que han fallecido durante esta pandemia desempeñando su labor, los diputados han dado su respaldo al informe de la Comisión de Justicia sobre la ley de eutanasia y dejan el texto listo para su votación en el Senado. El mismo día, este jueves 18, y también casi en el mismo lugar. El homenaje a los facultativo se ha producido a la puerta de la sede que la Organización Médica Colegial (OMC) tiene frente al Congreso de los Diputados y ha sido solo unas horas antes de que sus señorías resolvieran sobre la despenalización de la eutanasia con 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones. Los votos en contra son del Partido Popular, Vox y UPN.
La propuesta de ley orgánica, que ha recibido esta tarde un impulso casi definitivo no cuenta con el apoyo de los representantes de la profesión médica. Sin sorpresas, es de esperar que el texto supere la votación del Senado y, si no se introduce ninguna modificación, entrare en vigor tres meses después de su publicación en el BOE. De modo que la ley puede ser una realidad en primavera.
Objeción de conciencia
«La posición de la OMC y de la profesión médica ha sido muy clara. Nosotros consideramos que una ley no puede describir que la eutanasia sea un acto médico. No está en la esencia, ni en el ADN de la profesión. Antes de plantear una ley de eutanasia, no hay que dejar a nadie atrás, sin cuidados paliativos. Y hay miles y miles de personas que no reciben cuidados paliativos. Esa es la esencia de la profesión: cuidar cuando se puede, aliviar en la medida de lo posible y aliviar siempre. Por eso, hoy nos sentimos especialmente tristes como profesión, porque entendemos que a través de una ley el acto médico se ha equiparado a la eutanasia y propiciar la muerte de un paciente se ha recogido en una ley», ha asegurado Serafín Romero, presidente de la OMC, en el acto de homenaje.
En todo caso, Serafín, con la tramitación de la norma ya imparable, ha querido mirar hacia adelante: «Nos toca ahora un papel muy importante y es el de ser garantistas. Ya que hay una ley que va a salir. Nos toca ser garantistas con el propio médico y un tema primordial para nosotros es el de la objeción de conciencia. Vamos a velar para que la objeción de conciencia no se regule, porque si se regula habría que objetar ante la regulación, pues entendemos que es un tema individual y pedimos que se respete».
Pero Romero también destaca la labor garantista del médico para que se cumpla la ley de cara a los pacientes. Así, apunta que «es importante definir bien quién es el médico que empieza el trámite, qué médicos van a participar, porque hay que dar alternativas ante un tema tan complejo como el de una persona que no desea seguir viviendo».
Sobre el respaldo de los médicos a la norma, en relación a las encuestas de varios colegios que apoyaban la regulación de la eutanasia, Romero aclaró que «hay un debate ético dentro de la profesión», pero puntualizó que «el papel del Consejo General es hablar del papel del médico».
Desde la vocalía de cuidados paliativos de la sociedad de primaria Semergen, Manuel Mejías Estévez, se manifiesta en la misma dirección, al señalar que «la futura ley va a salir sin contar con el respaldo de la mayoría de la profesión».
Mejías apunta que con esta ley se da respuesta al 0,05 por ciento de los pacientes que en situación terminal piden la eutanasia, mientras se desatienden a la mayoría que están solicitando contar con unos buenos cuidados paliativos. Según Méjías Estévez el proyecto de ley de eutanasia «pone en jaque a la profesión médica» y complica la labor de los profesionales de atención primaria, entre otros.
El facultativo, que además es miembros de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal), apunta que la redacción de la norma pone en evidencia «un profundo desconocimiento» de las necesidades y la realidad de los pacientes con una enfermedad terminal y de sus familiares.
En su razonamiento, el vocal de Semergen, contrapone en todo momento Cuidados Paliativos con eutanasia, porque considera que van unidos, «no se puede plantear una cuestión sin la otra». En este sentido afirmó que «esta norma supone empezar la casa por el tejado y no tiene ninguna base científica».
Apoyo del Congreso
Mientras tanto, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha aplaudido que este jueves se haya dado un apoyo mayoritario del Congreso a la futura ley de eutanasia, que supone, ha afirmado, un avance en el reconocimiento de derechos «hacia una sociedad más humana y más justa».
«Como sociedad, no podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento intolerable que padecen muchas personas. España es una sociedad democrática lo suficientemente madura como para afrontar esta cuestión», ha manifestado en el pleno antes de la votación del dictamen de la norma.
Illa, que ha prometido que el Ministerio trabajará para que el derecho a la eutanasia sea inmediatamente efectivo en el Sistema Nacional de Salud cuando la ley sea aprobada de forma definitiva, ha asegurado que se trata de un texto «moderno y garantista», que impone sentido común y humanidad en respuesta a una demanda trasversal de la mayor parte de la sociedad.
Tras recordar que los últimos sondeos muestran que el 80% de la sociedad apoya despenalizar esta práctica, ha considerado que hoy es un día importante para las personas que sufren y para sus familias y ha dado las gracias a las organizaciones que desde hace muchos años luchan por el derecho a una muerte digna.
¿Quién puede acogerse a la ley?
La norma fue presentada por el Partido Socialista y defendida por la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo que en todo momento ha destacado que con esta regulación se reconoce un nuevo derecho, el derecho a la eutanasia. En este sentido, la ley, que también ha sido expuesta como muy garantista.
De acuerdo con el texto de la ley que ha salido del Congreso, esta norma está pensada «para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables».
De manera clara, la regulación considera que puede solicitar la eutanasia «toda persona mayor de edad y en plena capacidad de obrar y decidir» siempre que lo haga «de forma autónoma, consciente e informada, y que se encuentre en los supuestos de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables», reitera el texto.
¿Cuál es la intervención facultativa?
En el proceso deben intervenir dos médicos, el médico responsable y el consultor, y la Comisión de Garantía y Evaluación. La nueva regulación establece que existirá una Comisión de Garantía y Evaluación en cada una de las comunidades autónomas. La composición de cada una de ellas tendrá carácter multidisciplinar y deberá contar con un número mínimo de siete miembros entre los que se incluirán personal médico y juristas.
En relación al acto último, la ley deja al paciente, siempre y cuando este sea consciente, que elija si quiere tener asistencia sanitaria o requiere solo la prescripción de los fármacos que le faciliten la muerte.
Estas intervenciones cuentan con unos tiempos de respuesta recogidos en la norma, que además contempla la necesidad de realizar protocolos específico para algunas de las fases del proceso. En todo caso, el paciente es el que activa esta posibilidad y la ley contempla la opción de que pueda retractarse de su decisión.