5/11/22 DiarioMedico. Este miércoles a las 18:00 está previsto que concluya el plazo para la presentación de las enmiendas al Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, la conocida como la ley trans.Entre las enmiendas está el cambio de postura del PSOE en relación a la autodeterminación del menor transexual. Ahora, el partido en el Gobierno pide que los menores de 12 a 16 años necesiten el aval judicial para cambiar de sexo y de nombre en el Registro Civil.
Es decir, con este cambio se da entrada al poder judicial pero, ¿qué hay de los médicos? La ley trans deja a los facultativos fuera con el argumento de que la transexualidad no es una patología -algo que ya dijo la OMS- y por consiguiente el diagnóstico previo sería una vulneración de los derechos fundamentales del menor, argumento que rebate la profesión a coro.
Posicionamiento del CGCOM
Pues bien, los médicos han respondido a esta ley con un pronunciamiento conjunto que ha salido de su máximo órgano colegial: el Consejo General de Colegio Oficiales de Médicos (CGCOM). Desde ahí, defienden la necesidad de que el médico tenga un papel en el cambio registral del menor y en todo el proceso, pues, como recuerdan, es un médico el que está detrás de los tratamientos que requieren el tránsito del menor.
Detrás de esta solicitud de reivindicación de su papel está la defensa del interés del niño y adolescente, como ha explicado a este medio José María Domínguez Roldán, presidente del Comité Central de Deontología del CGCOM.
«Los informes de equipos médicos multidisciplinares constituyen una garantía para los menores solicitantes de autodeterminación de género» y por tanto considera que «este aspecto debería de estar recogido por la ley trans».
En interés del menor
La asistencia a los menores por parte de «equipos médicos multidisciplinares especializados durante todo el proceso de la autodeterminación de género disminuiría el riesgo de no persistencia en el deseo de transexualidad y los riesgos psicológicos y orgánicos derivados de un proceso acelerado de la transición de género», recoge el posicionamiento difundido este miércoles.
Pero, además, los médicos defienden la intervención judicial en todos los casos de menores de 17 años, en sintonía con lo que en su momento recogió el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la ley trans.
El motivo de aumentar la garantías y controles de esta decisión y no dejar solo al niño, las resumen los médicos de este modo: «Las intervenciones médicas dirigidas a la ejecución del proceso de transexualidad exigen una especial prudencia en menores, dada la irreversibilidad de muchas de las terapéuticas precisas para el proceso de transexualización».
El cambio de sexo en el Registro Civil debe estar precedido por la garantía de que el adolescente tiene «suficiente madurez» y de una «estabilidad en la situación de transexualidad» tanto en los casos de menores de 12 a 14 como en los de 14 a 16 años. Para alcanzar dichas garantías, los médicos insisten en reclamar que se exija «un informe médico multidisciplinario especializado como elemento clave de garantía para el solicitante».
Es decir, el Consejo General de Médicos pide tener un papel en ese cambio de sexo, que sea imprescindible para aumentar las garantías de que la decisión tiene un fundamento sólido.
Pero hay más, en su comunicado de posicionamiento el CGCOM hace una defensa expresa del derecho de las personas «a no ser discriminadas por motivos de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales, tal y como recoge la ley trans».
Una discriminación no buscada
Sin embargo, puntualizan que «la configuración de un régimen específico de protección reforzada, independiente y ajeno al régimen de protección general […] determina la existencia de ciertas y notables ventajas generadoras de posibles situaciones de discriminación en relación con el resto de los ciudadanos y con otros colectivos que ya ostentan o que pudieran ser merecedores de idéntica protección reforzada».
Atención a los intersexuales
Finalmente, el CGCOM también manifiesta su apoyo a la ley en lo que respecta a la atención sanitaria integral a personas intersexuales, que se prevé que se realice de acuerdo con los principios de autonomía, decisión y consentimiento informado, no discriminación, asistencia integral, calidad, especialización, proximidad y no segregación, desde un enfoque despatologizador.
En relación a la atención al colectivo LGTBI, Domínguez Roldán ha recordado que mientras en la L(esbinas), G(ays), los médicos «no tenemos nada que decir», en la T(ransexualidad) y la I(ntersexualidad), los facultativos «sí estamos involucrados».
Posicionamiento de los pediatras
Antes de la corporación de gobierno de la profesión médica, se han pronunciado sobre la ley trans la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) y la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia (Aepnya).
Los pediatras, en sintonía con lo expresado por el CGCOM, considera que le la ley trans «no valora en la medida que sería deseable la participación que los padres y los profesionales sanitarios en el proceso de autodefinición sexual de los niños y niñas».
De este modo, la AEPap considera que «la atención sanitaria a las personas trans, como al conjunto de pacientes y usuarios del sistema sanitario, debe guiarse por los principios de seguridad, calidad, equidad, confidencialidad y accesibilidad».
Psiquiatría infantil, los más duros
Mientras, la crítica a la ley desde psiquiatría infantil va más allá. Los psiquiatras echan en falta detalles sobre quién y cómo va a informar al menor de las consecuencias de su decisión. Algo que el proyecto de ley recoge que debe hacerse en el Registro Civil, sin entrar en más detalles.
Dicen de manera tajante que la ley «no solo no protege, sino que pone en riesgo el derecho fundamental de los niños a una atención médica integral». Consideran que el término «identidad sexual» que recoge la norma es «confuso en sí mismo».
También reclaman el papel del médico en todo el proceso. En concreto, el papel del psiquiatra infantil. Lo hacen con una dura acusación. La Aepnya en su posicionamiento sobre la ley trans dice: «Creemos que tener en consideración la perspectiva, conocimiento y experiencia que podemos aportar los médicos psiquiatras de la infancia y adolescencia es esencial y no hacerlo, una negligencia grave institucional en el cuidado de los niños».
Todos coinciden: la protección del menor requiere la intervención del médico en todo el proceso, algo que, por ahora, la redacción del proyecto de ley trans no contempla.