Anteproyecto Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y derechos de la mujer embarazada

 

 

Tomando como fundamento estas disposiciones, el Tribunal Constitucional ha afirmado con rotundidad que la vida del concebido y no nacido -nasciturus-, en cuanto que encarna un valor fundamental garantizado en el artículo 15 de la Constitución Española -la vida humana-, constituye un bien jurídico protegido por la Constitución, que conlleva para el Estado dos obligaciones: la de abstenerse de interrumpir u obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que, dado su carácter de valor fundamental, incluya también, como última garantía, normas penales.

 

Sin embargo, sigue diciendo la doctrina constitucional, “la protección de la vida del nasciturus no tiene un carácter absoluto y debe ser dispensada dentro de los límites impuestos por la existencia de otros derechos y bienes asimismo reconocidos por la Constitución, que deben ser cuidadosamente ponderados en situaciones excepcionales de conflicto. Tal es el caso de los supuestos en los cuales la vida del nasciturus, como bien constitucionalmente protegido, entra en colisión con derechos relativos a valores constitucionales de muy relevante significación, como la vida y la dignidad de la mujer, en una situación que no tiene parangón con otra alguna, dada la especial relación del feto respecto de la madre, así como la confluencia de bienes y derechos constitucionales en juego. Se trata de graves conflictos de características singulares, que no pueden contemplarse tan sólo desde la perspectiva de los derechos de la mujer o desde la protección de la vida del nasciturus. Ni ésta puede prevalecer incondicionalmente frente a aquéllos, ni los derechos de la mujer pueden tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus, dado que dicha prevalencia supone la desaparición, en todo caso, de un bien no sólo constitucionalmente protegido, sino que encarna un valor central del ordenamiento constitucional.” La existencia de una situación de grave peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada o la presión insoportable que para la mujer puede suponer la gestación que es consecuencia de una agresión sexual, representan supuestos de colisión entre la vida del nasciturus y derechos relativos a valores constitucionales de extraordinaria significación -la vida, la salud y la dignidad más esencial de la mujer- que justifican, bajo determinadas condiciones, la admisión de la prevalencia de éstos sobre aquél.

 

Será pues, en estos supuestos excepcionales en los que existe un grave peligro para la vida o salud física y psíquica de la mujer y el embarazo es consecuencia de un hecho constitutivo de delito contra la libertad o indemnidad sexual, en los que procede la despenalización del aborto, sin que la Ley pueda condicionar el valor de la vida del nasciturus exclusivamente a la voluntad de la mujer embarazada o a las expectativas sobre la posible discapacidad futura de aquél.

 

II

 

El peligro para la salud de la mujer, especialmente en los casos en que viene originado o se ve agravado por la situación de angustia o necesidad que deriva de la gestación y el futuro nacimiento del niño, puede ser muy diferente según cuáles sean sus circunstancias personales, familiares, económicas y sociales, sin que sea tampoco igual, en todos los supuestos, la disposición personal de la madre a anteponer la vida de su hijo a sí misma. Por ello, son diversos los factores que pueden desencadenar la situación de conflicto y el potencial peligro para la vida y salud de la mujer y que pueden llevar a despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, no pudiendo la Ley proporcionar, en este punto, una medida objetiva y única que resulte aplicable a todos los casos por igual.

 

No obstante, se articula en el Código Penal un régimen de límites y garantías para la despenalización del aborto, para proteger tanto al nasciturus como a la mujer embarazada, lo que sirve, a su vez, para dar seguridad jurídica a los profesionales sanitarios que vayan a participar o intervenir en la interrupción voluntaria del embarazo. Se exige la acreditación de la situación de conflicto de forma suficiente, sin que quede espacio para la duda, con un informe motivado y emitido con anterioridad, por dos médicos de la especialidad correspondiente a la patología que genera el grave peligro para la vida o salud de la mujer, distintos de aquél que practique la interrupción voluntaria del embarazo o bajo cuya dirección ésta tenga lugar, y que no desarrollen su actividad profesional en el centro o establecimiento en el que se lleve a cabo. Dicho informe versará sobre la existencia de grave peligro para la vida o de un menoscabo importante para la salud física o psíquica de la mujer, con permanencia o duración en el tiempo, según los conocimientos de la ciencia médica en ese momento -STC 53/1985-. Será suficiente que el informe sea realizado por un solo médico si el peligro para la salud psíquica de la mujer tiene su origen en la concurrencia en el embrión de una anomalía fetal incompatible con la vida, entendiendo como tal, según la definición realizada por la Comisión de Bioética de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, aquélla que previsible y habitualmente aparezca asociada con la muerte del feto o del recién nacido durante el período neonatal, debiendo acreditarse la misma con otro informe emitido por un médico especialista en la materia.

 

Además, la intervención debe efectuarse dentro de las veintidós primeras semanas de gestación. Podrá realizarse después de ese plazo, si las anomalías incompatibles con la vida del feto no se hubieran detectado o podido detectar, con un diagnóstico certero, antes de ese plazo, o cuando exista riesgo vital para la mujer que no sea posible evitar, dentro de lo clínicamente exigible, mediante la protección de la vida del concebido a través de la inducción del parto. En los demás supuestos, pasado ese límite, lo adecuado será la práctica de un parto inducido pues, conforme señala la Organización Mundial de la Salud, a partir de ese momento, la vida del concebido ya es susceptible de desarrollarse de forma independiente a la de la madre.

 

Por otra parte, el aborto debe ser realizado por un médico o bajo su dirección y en centros o establecimientos médicos que reúnan las condiciones adecuadas y estén acreditados a tal efecto.

 

III

 

Si, por una parte, es necesario delimitar de forma rigurosa los supuestos en los que el aborto viene despenalizado por la Ley, por otra, no puede perderse de vista el hecho de que la mujer que se enfrenta a la decisión de interrumpir su embarazo es siempre víctima de una situación de grave conflicto personal, y que la imposición de una sanción penal constituye un reproche excesivo que deviene, por ello, injustificado. Por esta razón, la Ley excluye la punibilidad, pese a su carácter ilícito, de la conducta de las mujeres que se causan o que deciden someterse a la práctica de la interrupción voluntaria de su embarazo fuera de los supuestos despenalizados.

 

IV

 

Con carácter general, ningún aborto puede ser llevado a cabo sin el consentimiento de la mujer. Por ello, cuando no concurre su consentimiento o se ha obtenido mediante intimidación o engaño, el rigor penal debe ser incrementado pues, entonces, no solamente se atenta contra la vida del no nacido, sino que también entran en juego otros bienes e intereses jurídicos de primer orden, como son la integridad física de la mujer y sus legítimas expectativas de maternidad y de desarrollo de su libre personalidad.

 

La mujer, con independencia de su edad, debe expresar su voluntad en la toma de decisiones que le afectan directamente. Pero, el ejercicio libre de la facultad de decidir y consentir requiere de una madurez que no puede ser presumida en el caso de mujeres menores de edad o con la capacidad judicialmente complementada. Por ello, se establece que, si fueran menores entre 16 y 18 años, no emancipadas o mayores de edad sujetas a curatela, se requerirá su consentimiento y el asentimiento de los titulares de la patria potestad, tutor o curador, según proceda. Si fueran menores de 16 años o mayores de edad sujetas a tutela, además de su manifestación de voluntad, se precisará el consentimiento de sus progenitores, si ejercieran la patria potestad, o de su tutor.

 

Paralelamente, se introduce en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, un procedimiento civil que permitirá reconocer judicialmente la suficiencia y validez del consentimiento prestado por estas mujeres o resolver lo que proceda, para la protección de su interés, dependiendo de sus circunstancias, en los casos excepcionales en los que, no existiendo peligro vital para ella, no sea posible recabar el de sus padres, tutor o curador, o ello esté desaconsejado por las circunstancias del caso, o cuando aquéllos mantengan opiniones diferentes.

 

V

 

Resulta esencial garantizar el mayor grado de libertad de la mujer en el momento de la adopción de una decisión tan grave. Está fuera de duda que la exclusión de la punibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos de existencia de situaciones excepcionales de conflicto no plantea problemas de constitucionalidad, como expresamente señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985. Pero, al mismo tiempo, la protección de la vida del nasciturus debe reforzarse mediante un asesoramiento previo y preceptivo a la mujer embarazada en situación de conflicto, orientado, por un lado, a ofrecerle las alternativas existentes en nuestro sistema a la interrupción voluntaria del embarazo, para resolver los conflictos originados por su embarazo, y, por otro lado, a transmitirle información clínica sobre los posibles riesgos y secuelas de la intervención, debiendo mediar un plazo de reflexión de, al menos, siete días entre el asesoramiento asistencial y la información clínica y la prestación del consentimiento expreso de la mujer a la interrupción voluntaria de su embarazo.

 

Con esta finalidad, se introduce una modificación relevante en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Se garantiza la prestación, a todas las mujeres que se encuentren en situación de conflicto, de un asesoramiento asistencial y una información clínica personal, individualizada y verbal o en la forma que les resulte accesible atendiendo a su edad, madurez y circunstancias, a realizar por médicos, profesionales sanitarios y de servicios sociales, distintos e independientes de aquél que realice el aborto o que lo dirija.

 

VI

 

Junto a todos estos límites y garantías para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos despenalizados por la ley, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad promueve, por una parte, la disminución de los embarazos imprevistos, así como la formación afectivo-sexual, mediante políticas de formación, información y prevención, y por otra parte, el asesoramiento socio-económico que debe ofrecerse a las mujeres embarazadas.

 

Además, se mantiene un conjunto de garantías relativas, por un lado, al acceso efectivo a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos despenalizados por la ley, al incluirse en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en la cartera común básica de servicios del Sistema Nacional de Salud y, por otro, a la protección de la intimidad y confidencialidad de las mujeres. Con su incorporación en la cartera común básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, se asegura la cobertura en tiempo de esta prestación por dicho Sistema, a través de servicios propios o concertados, con las garantías de calidad y seguridad del paciente establecidas por la normativa reguladora de la cartera de servicios.

 

Se regula expresamente en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, el derecho de los profesionales sanitarios, por cuenta propia o ajena, a abstenerse, por razones de conciencia, de participar o colaborar en la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos despenalizados. Tras comenzar a prestar sus servicios en un centro o establecimiento médico, público o privado, acreditado para la interrupción voluntaria del embarazo, deben manifestar su objeción, anticipadamente y por escrito, quedando incluida tal decisión en su expediente personal, con la debida reserva y confidencialidad.

 

Por último, se prohíbe en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, la publicidad de los productos, procedimientos o servicios que tienda a difundir la práctica del aborto.

 

VII

 

La Ley se estructura en siete artículos, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

 

La disposición derogatoria deja sin efecto la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

 

 

Las disposiciones finales se refieren al carácter orgánico de la Ley y al título competencial, a la habilitación al Gobierno para su desarrollo reglamentario, al ámbito territorial de aplicación de la Ley y a su entrada en vigor, que se fija al día siguiente de su publicación.

 

 

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